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La Nueva EPS cerró el año 2024 con una pérdida de $4,8 billones. Aunque inferior a la pérdida de $6,6 billones registrada en 2023, el resultado sigue reflejando un deterioro financiero de enormes proporciones. El patrimonio de la EPS cayó hasta -$11,9 billones, mientras sus pasivos alcanzaron $22,5 billones, más del doble del valor de todos sus activos, que sumaron $10,6 billones. La EPS debe más del doble de todo lo que tiene.
En apenas cinco años, Colombia perdió cerca del 46% de sus reservas probadas de gas natural. Entre 2024 y 2025 la caída fue del 17%. Es el resultado de las pésimas decisiones del Gobierno Petro. Con un mentiroso discurso sobre la transición energética -mentiroso porque en realidad no mejoró los indicadores de emisión de GEI del país- afectó la soberanía energética de Colombia.
Hay instituciones que no le pertenecen a un gobierno. Le pertenecen a Colombia. La Federación Nacional de Cafeteros es una de ellas. Por eso preocupa profundamente que el Gobierno Nacional siga sin firmar el contrato de administración del Fondo Nacional del Café, una decisión que hoy mantiene en vilo a más de 557.000 familias cafeteras en todo el país.
La Costa Caribe está viviendo una injusticia silenciosa. Mientras en Bogotá o en ciudades del interior muchas familias pueden abrir una factura de energía sin sentir angustia, en la Costa millones de hogares reciben cuentas que simplemente no pueden pagar. Facturas de más de $3.000.000 para familias humildes, trabajadores informales y adultos mayores que apenas sobreviven en medio de una economía golpeada.
En Colombia llevamos años hablando de infraestructura como si fuera un asunto técnico reservado para ingenieros y contratistas. Pero la infraestructura no es solamente cemento, acero o kilómetros de carretera. La infraestructura define cuánto cuesta transportar un alimento, cuánto tarda un campesino en sacar su cosecha, cuánto tiempo pierde una familia atrapada en un trancón o si una región entera puede conectarse con oportunidades y progreso.
Las recientes movilizaciones y el paro en protesta por el aumento astronómico del impuesto predial en distintas regiones del país reflejan un problema: ciudadanos y productores que no pueden asumir el impacto de la actualización de avalúos por cuenta del “catastro multipropósito” sobre el impuesto predial. Familias que ven cómo su propiedad se convierte, de un año a otro, en una carga imposible de sostener.
Colombia no puede acostumbrarse a que el Gobierno juegue con el ahorro de los trabajadores como si fuera una caja menor. Hoy enfrentamos un hecho gravísimo: pretenden obligar a los fondos de pensiones a entregarle al Gobierno $25 billones en menos de 15 días, a pesar de que la ley lo prohíbe y de que el Banco de la República advirtió que ese movimiento es ilegal.
Colombia enfrenta una situación fiscal delicada como resultado de un manejo irresponsable del gasto público. Se estima que el déficit fiscal finalizó el 2025 en 8% del PIB, el nivel más alto de la historia reciente del país, incluso por encima del registrado durante la pandemia. Pero el problema no es solo el tamaño del déficit. Es su origen.
