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He alertado al país sobre los profundos riesgos que implica la nueva “jurisdicción agraria”. La he descrito como un permanente proceso de reforma agraria que generaría incertidumbre en la propiedad y sería un desincentivo para cualquier inversión.
El gobierno Petro acabó con Ecopetrol. La politización de las decisiones directivas, los escándalos de corrupción y la caída de la productividad tienen a la empresa con utilidades que no superan los 12 billones de pesos, cifra que, aunque considerable, representa una drástica caída, junto con pagos mínimos de dividendos y la ausencia de nuevos contratos de hidrocarburos.
El gobierno nacional ha sostenido que la crisis de la salud se debía exclusivamente a que las EPS “hacen negocio con los recursos de la salud” y por eso no le pagaban a tiempo a los hospitales, lo que conllevaba un mal servicio.
El Senado aprobó que el 39,5% de los ingresos de la nación se transfieran a las regiones en un periodo de 12 años. Aunque la propuesta parece loable en términos de descentralización, tiene muchos inconvenientes.
El gobierno nacional decidió renunciar a la sustitución de cultivos ilícitos y a la erradicación de hoja de coca. Según la hipótesis del gobierno, la guerra contra las drogas había fracasado, entonces en su nueva versión se concentraría en la interdicción- incautación de cocaína-.
Nuestros niños no pueden seguir expuestos a la violencia. El caso de Sofía Delgado es estremecedor y debe movernos a actuar con contundencia para construir un futuro seguro para todos los niños de Colombia.
El presidente Petro ha venido anunciando diferentes golpes de Estado a lo largo de su gobierno; unos coloridos, oscuros, graves, perturbadores… tantos y tan frecuentes que ya perdimos la cuenta. A todos esos supuestos intentos de golpe, ha respondido haciendo llamados a la movilización social.
El gobierno Petro ha llevado a un extremo ya risible la idea de que la paz es una concesión que nos hacen los violentos. Hemos visto cómo les entregan privilegios, les despejan los territorios, los liberan de la cárcel, y ahora los abrazan y los exaltan ante el público.
El gobierno nacional dejó desfinanciados los subsidios de gas licuado para los estratos 1 y 2 de Colombia para el 2025. Incluso tuvo hasta 6 meses de retraso en los pagos del primer semestre del 2024 por más de 54 mil millones de pesos. 699 mil hogares están en riesgo de volver a cocinar con leña.
El gobierno radicó una reforma a la salud casi idéntica a la anterior. Otra vez, de espaldas a los pacientes y a toda la comunidad que hace parte del sistema. Nuevamente, como ley ordinaria, siendo estatutaria pues modifica el núcleo del derecho fundamental a la salud, quitándonos el derecho a elegir nuestro asegurador.
La nueva reforma tributaria de Petro pretende quitarle 12 billones de pesos a los colombianos. La primera tributaria nos costó 17 billones.
El proyecto de expropiación de tierras lo hemos logrado detener dos veces. La primera cuando metieron el mico en el Plan Nacional de Desarrollo y la segunda el semestre pasado cuando logramos dilatar su discusión en la comisión primera. Ahora el gobierno busca revivirlo con un nuevo proyecto de “Jurisdicción agraria”.
Tuvieron que pasar 166 años desde las revoluciones del siglo XVIII que dieron lugar a los derechos políticos de los “ciudadanos” para que las mujeres pudieran votar en Colombia. En 1954 gracias al trabajo de un movimiento de mujeres entre las que se destaca Josefina Valencia, Lucila Rubio, Bertha Hernández, Ofelia Uribe, María Arizabaleta, Rosita Turizo, Mercedes Abadía, María Currea, Esmeralda Arboleda y Anita Diaz, las mujeres se les dio la calidad de ciudadanas.
El presupuesto del año 2025 está desfinanciado en 26,6 billones de pesos. El gobierno aumentó los gastos de funcionamiento en más de 19 billones y la deuda en 18 billones. Los programas de inversión social los recortan en 17 billones. Ahora buscan poner una reforma tributaria a los colombianos para recaudar 12 billones.
Los valores democráticos de occidente están en crisis. Para 2023 según The Economist el mundo cuenta con menos del 8% de la población en una democracia plena, mientras que casi el 40% vive bajo gobiernos autoritarios.
El gobierno Petro se propuso atender problemas estructurales del país, sin embargo en muy poco avanzó en esos asuntos, por el contrario, con ocurrencias, ha decidido atacar asuntos que funcionaban llevándolos a peores situaciones y complicadas circunstancias.
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