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La crisis de las democracias representativas está ligada a su propia naturaleza. El Estado de derecho reconoce las complejidades del poder, por eso lo fragmenta, le impone límites, frenos. Aquello supone transiciones lentas que en los tiempos actuales contrastan con los anhelos insatisfechos de una sociedad sumida en la inmediatez.
Todos tenemos bien sabido las formas en las que las democracias latinoamericanas se han erosionado. Es una mezcla difícil: por una parte Estados costosos y lentos que poco resuelven las necesidades de los ciudadanos, aquello va generando falta de legitimidad institucional, indiferencia y hastío con la política. Con el cansancio al hombro, la ciudadanía vota buscando otras opciones, cosas que se vean diferentes a la política.
La Dirección Nacional de Inteligencia ha sufrido un auténtico deterioro desde que quedó en manos de un director que perteneció al M19. Sacaron mucha gente preparada y con una larga carrera, y la reemplazaron por personas poco competentes. El escándalo ahora es mayúsculo, la DNI protegió a criminales de las FARC. Alias Mocho Olmedo segundo al mando de las disidencias estuvo escondido y protegido por DNI con complicidad de la Fiscalía General en Bogotá en una ilegal estrategia para evitar su extradición.
Rodrigo Uprimny argumentó ante la Corte Constitucional que la oposición obstruyó de tal manera la reforma pensional, que logró engavetarla más de 7 meses y que por lo tanto, habiendo obstruido el debate, no podemos exigir que se cumplan los debates y los tiempos exigidos por la ley para aprobar un proyecto. Así que, concluye el constitucionalista, que la pensional no debe ser declarada inconstitucional.
Que Colombia no tome el rumbo de Venezuela: esa ha sido mi meta. Por eso, he tratado de entender como una democracia transita, sin darse cuenta, hacia una tiranía. ¿En qué momento sucedió? ¿Por qué no lograron evitarlo? ¿Cómo no se dieron cuenta? Debieron ser varios cambios sutiles, para que no fueran confrontados, y debió ser la sumatoria los que destruyeron la democracia.
El gobierno nacional parece buscar todos los recursos para financiar sus candidatos en el 2026. Recursos billonarios del presupuesto en fiducias, aumento de funcionarios públicos, liberación de presupuesto con la reforma pensional, apropiación de recursos con EPS intervenidas, rompimiento de la regla fiscal, recursos para financiar la consulta popular, incremento de retenciones en la fuente para empresas, y ahora una emergencia económica por fiebre amarilla.
A un año de la intervención del gobierno Petro a la Nueva EPS el número de reclamos aumentó en un 33% alcanzando 34,2 por cada mil afiliados. Las deudas llegaron a más de 11,4 billones de pesos y el patrimonio de la entidad a -7,2 billones de pesos. Así el gobierno quiera culpar a ex funcionarios de la entidad las cifras del deterioro en su administración no mienten.
La deuda de las EPS intervenidas por el gobierno alcanzó los 17,3 billones de pesos hasta febrero del 2025. Los reclamos de los pacientes superaron en el último año el millón de quejas. De cada 100 pesos que entra a una EPS intervenida se gastan los 100 pesos y quedan debiendo hasta 27 pesos más a las clínicas y distribuidores de medicamentos. Los servicios hospitalarios están cerrando. El gobierno necesita inyectar más liquidez al sistema.
Colombia empezó a importar el 30% de la demanda de gas residencial. Por primera vez en 17 años, en la Invamer POLL el 69% de los colombianos considera que la calidad y cubrimiento de los servicios públicos va por mal camino. La decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación, la falta de seguridad en zonas de inversión y la reforma tributaria del 2022 acabaron con nuestra soberanía energética.
