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La aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por las comisiones económicas del Congreso representa un pequeño triunfo para la oposición. Con un monto total de $546,9 billones, $10 billones menos que el proyecto inicial del Ejecutivo, este presupuesto corrige algunos excesos que rayaban en el autoritarismo.
Jamás esperé nada distinto y sin embargo, estoy sorprendida. La JEP nos cuenta que las FARC secuestraron a más de 21 mil compatriotas. No es una investigación de la JEP, son las cifras de las investigaciones de la Fiscalía, que también señalan que se ganaron $3,6 billones de pesos con esos crímenes.
Ver a tantos colombianos respaldar al presidente Uribe en las calles de Colombia es una muestra de lo mucho que la ciudadanía lo quiere, le duele y le indigna lo que está pasando. Y no es para menos. Ha pasado desapercibida que la verdadera intención del proceso es vincular a Uribe con el paramilitarismo. Ese que él desmontó. Lo primero para configurar un soborno de testigos es determinar si lo que decían los testigos era cierto. Si lo que dicen es mentira, es absolutamente imposible el delito. La esencia del delito de soborno de testigos es el engaño, lograr que un testigo mienta o calle total o parcialmente la verdad. Los testigos que supuestamente Uribe sobornó lo son de oídas, no conocen al presidente pero de manera general pretenden vincularlo al paramilitarismo. Eso es falso, pero con esta condena, convierten esas mentiras en verdades.
El juicio al presidente Uribe es -sin duda alguna- una persecución política. Este no es un proceso judicial. Dos fiscales pidieron la preclusión -no había delito- y cuatro delegados del Ministerio Público, han dicho que debe ser declarado inocente. El fiscal que lo acusó había sido nombrado por Montealegre -el ministro de justicia y alegada “victima” en el proceso-, luego lo removieron, pero la acusación quedó en firme.
El gobierno Petro en tres años no logró solucionar los problemas que viven los colombianos, y al contrario creó otros nuevos. La inseguridad está desbordada, el sistema de salud colapsó, los subsidios de energía y gas no se pagan, los subsidios de vivienda se acabaron, las vías no se están construyendo, el sector petrolero está en crisis, no hubo mejoras en la educación ni nuevas oportunidades para los jóvenes y la pobreza disminuye a menor velocidad que otros gobiernos.
La crisis de las democracias representativas está ligada a su propia naturaleza. El Estado de derecho reconoce las complejidades del poder, por eso lo fragmenta, le impone límites, frenos. Aquello supone transiciones lentas que en los tiempos actuales contrastan con los anhelos insatisfechos de una sociedad sumida en la inmediatez.
Todos tenemos bien sabido las formas en las que las democracias latinoamericanas se han erosionado. Es una mezcla difícil: por una parte Estados costosos y lentos que poco resuelven las necesidades de los ciudadanos, aquello va generando falta de legitimidad institucional, indiferencia y hastío con la política. Con el cansancio al hombro, la ciudadanía vota buscando otras opciones, cosas que se vean diferentes a la política.
