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Las universidades en Colombia han estado protegidas por autonomía universitaria. Han sido las instituciones, mediante sus Consejos Superiores quienes eligen sus rectores y determinan la manera de distribuir sus ingresos presupuestales.
En medio de tantos proyectos y asuntos pocos han reparado el proyecto de ley estatutaria para la educación. No es nada memorable. Un decálogo de derechos fundamentales sin asideros fiscales ni mecanismos eficaces.
La Corte Constitucional falló a favor de mi demanda contra la creación del Ministerio de la Igualdad por vicios de trámite durante su aprobación en el Senado. El Gobierno nacional nunca presentó el estudio de impacto fiscal del proyecto.
El Gobierno Nacional dice que no busca expropiar, lo cierto es que ha buscado normas para hacerlo desde que se posesionó. Primero fue en el Plan Nacional de Desarrollo donde introdujeron la expropiación express, sin embargo, logramos modificarlo. Hábilmente metieron otro artículo similar en una proposición que fue votada sin que siquiera fuera leída. Hoy la tenemos demandada ante la Corte Constitucional. Luego salió el borrador del decreto que desarrollaba el artículo y hubo gran revuelo.
Dicen que el poder transforma a las personas, que pocos gobernantes son capaces de tenerlo sin transformarse en un ser ajeno, convencido de que es sobresaliente, incapaz de reconocer sus fallas. Sumido en los delirios de su grandeza que es alentada por un círculo cercano que le proporciona la seguridad que solo el espejo de la reina en Blancanieves sería capaz de dar: eres el más bello y el mejor.
El Presidente Uribe ha sido llamado a juicio. La noticia no debería sorprendernos pues es un plan que se viene elaborando de manera disciplinada desde hace muchísimos años. A quienes no les gusta Uribe -que están en todo su derecho de tener otras causas políticas- se inclinaron por creer de él lo peor.
Empieza el segundo tiempo del gobierno. Se hundió en el Congreso la reforma a la salud y el presidente con un solo tweet expidió el nuevo sistema de salud por decreto: manuales tarifarios, redes de salud, giro directo, un “sistema” preventivo; todo lo que el Congreso rechazó.
El presidente Petro ha resultado muy malo para gobernar. Sigue buscando ser candidato para poder explayarse en discursos largos que prometen un nuevo mundo.
Hemos explicado cómo la reforma pensional de Petro tiene la ventaja de limitar los subsidios que hoy pagamos a las altas pensiones. Esa que podría ser razón suficiente para considerar aprobarla, termina siendo insuficiente ante otros elementos del proyecto que preocupan.
Estamos ante un gobierno que parece despreocupado por los graves problemas de seguridad que afectan a los colombianos. Varias decisiones de este gobierno parecen estar favoreciendo el fortalecimiento de los grupos ilegales.
La reforma pensional del gobierno nacional le entrega más recursos al gobierno Petro. Básicamente sustituye gastos que hoy asume el presupuesto nacional, para que se paguen con el ahorro pensional de los colombianos. En consecuencia, las nuevas generaciones de colombianos quedarán con esa pesada deuda.
El gobierno nacional viene proyectando mal las variables macroeconómicas del país desde el 2023. Hacienda estimó para 2023 un crecimiento económico del 1.8%, la proyección del Plan Financiero en febrero del 2024 lo calculó en 1.2%; al final fue de 0.6%.
Estuvimos en Washington presentando no solo ante Almagro, secretario general de la OEA, sino también ante Congresistas y algunos centros de pensamiento lo que parece una nueva versión sobre lo que vivimos los colombianos.
Colombia está viviendo una situación muy compleja. El presidente Petro tiene bajo investigación criminal las conductas de su hijo y las de altos funcionarios de su campaña presidencial.
Los ceses al fuego pactados por el gobierno con el ELN y las disidencias de las FARC han aumentado la violencia en Colombia. En 2023 se han presentado más de 1.000 violaciones al cese al fuego, y el gobierno sigue prorrogando los ceses.
Colpensiones -el fondo público que administra las pensiones de los colombianos- está demostrando por qué es tan grave que todas las pensiones queden en manos de los políticos. Tenemos evidencia para mostrar que la entidad habría incurrido en más de 100 mil millones en sobrecostos en contratos.
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