La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de apenas siete años con hemofilia tipo A severa, se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

Kevin falleció el 13 de febrero de 2026 tras sufrir complicaciones derivadas de un trauma craneoencefálico severo, luego de una caída en bicicleta, y de no recibir a tiempo el medicamento esencial para tratar su enfermedad. Llevaba aproximadamente dos meses sin recibir la medicación profiláctica indispensable para prevenir hemorragias graves en pacientes con hemofilia, debido a obstáculos administrativos y de portabilidad en la atención por parte de su EPS —la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno desde 2024.

Kevin fue llevado inicialmente a un centro médico local tras su caída, aunque el acceso oportuno al tratamiento y el traslado a un hospital de mayor complejidad se demoraron. Kevin no murió por el accidente en sí, sino por la falta de acceso oportuno a su medicamento vital, y porque la cirugía no fue practicada debido a que, sin el tratamiento requerido, hubiese sido mortal.

Lo más doloroso es que, tras su muerte, el ministro de Salud insinuó que la responsabilidad recaía sobre su madre por haber permitido que montara bicicleta. Para completar, hicieron públicos detalles de su historia médica sin consentimiento familiar. Culpar a la familia es el último recurso de un Estado que falla: cuando no puede garantizar lo básico, señala a los más vulnerables.

Lo ocurrido con Kevin no es una excepción. Es la consecuencia lógica de una política que ha debilitado la operación del sistema. Los datos lo confirman. De acuerdo con la Superintendencia de Salud, en las ocho EPS intervenidas por el Gobierno Nacional las quejas de los pacientes aumentaron 51,4 % entre 2023 y 2025. Reclamos por medicamentos que no llegan, citas que no se asignan, procedimientos que se aplazan indefinidamente. Los reclamos pasaron de 623.636 en 2022 a 944.072 en 2025. La intervención no corrigió las fallas: las agravó.

El caso de la Nueva EPS es alarmante. Con cerca de 10 millones de afiliados, es la aseguradora más grande del país y también la que registra el mayor deterioro. Entre 2022 y 2025, los reclamos aumentaron 76%, pasando de 197.293 a 369.243. A esto se suma un problema estructural: según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, las EPS intervenidas concentran la mayor parte de la deuda del sistema. Solo la Nueva EPS representaría alrededor del 55% de la cartera vencida de estas entidades, una cifra que ronda los $11,5 billones de pesos.

Cuando el sistema no funciona, los ciudadanos no tienen otra opción que acudir a los jueces. Por eso, otro indicador de la crisis es el aumento desbordado de las acciones de tutela. Datos de la Corte Constitucional muestran que 2025 cerró con un máximo histórico, con un incremento cercano al 350% frente a 2021. Hoy el sistema de salud vive una de las peores crisis de su historia, provocada por decisiones irresponsables del Ministerio de Salud que desordenaron su funcionamiento, deterioraron la calidad del servicio y dejaron a miles de colombianos en riesgo.

La raíz financiera de esta crisis tiene nombre propio: la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En términos sencillos, la UPC es el valor que el Estado le gira a las EPS por cada afiliado para cubrir su atención en salud durante el año. Es, literalmente, la plata con la que se pagan los medicamentos, las consultas, las cirugías y los tratamientos.

Si esa cifra no refleja los costos reales del sistema, el resultado es inevitable: faltan recursos, se acumulan deudas y empiezan a escasear los servicios.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Para 2026, el Gobierno incrementó la UPC del régimen contributivo en apenas 9,03 %, pese a que los estudios técnicos advertían que los costos del sistema estaban creciendo muy por encima de esa cifra. ACEMI señaló que el aumento necesario superaba el 17%. Es decir, desde el presupuesto mismo se dejó al sistema funcionando con un faltante estructural.

Año tras año, esa diferencia se convirtió en una bola de nieve. Según estimaciones del sector, el rezago acumulado alcanza los $33,4 billones de pesos. No se trata de un debate contable: cuando no hay recursos suficientes, las EPS retrasan pagos, los hospitales no reciben oportunamente su dinero y los pacientes empiezan a sentirlo en lo más básico —medicamentos que no llegan, procedimientos que se aplazan, tratamientos que se interrumpen—.

La propia Corte Constitucional, en el Auto 007 de 2025, concluyó que los incrementos fijados por el Ministerio eran insuficientes para garantizar los estándares mínimos de calidad y para cumplir la equiparación entre regímenes. Sin embargo, en lugar de corregir de inmediato, el Ministerio dilató su cumplimiento mientras el deterioro avanzaba.

El resultado es el que hoy padecen miles de colombianos: pacientes que no encuentran respaldo del Gobierno para tratar sus enfermedades, familias abandonadas por la ausencia de medicamentos o de citas médicas que atiendan a sus necesidades de salud, y personas que mueren por negligencia institucional. Kevin Acosta no murió por su enfermedad. Murió por un Estado que desordenó el sistema, negó su negligencia y terminó culpando a las familias para ocultar su propio fracaso. Y mientras el Gobierno siga desordenando el sistema, negando los recursos que la justicia ordenó y evadiendo su responsabilidad, el riesgo es que Kevin no sea el último.

Paloma Valencia

Foto: IA