La seguridad en Colombia: el sinsabor de una autoridad sin poder de acción
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Mariana Pimiento Amado
Jóvenes con Paloma
Equipo Senadora Paloma Valencia
Cajicá, Cundinamarca
Colombia ha sido un país fuertemente golpeado por la violencia desde su independencia hasta el día de hoy, sin embargo, estos conflictos que abarcan ya no solamente el ámbito social sino que también el político y cultural se han encargado de consumir lentamente el desarrollo de este país, dejándolo al margen de la consideración internacional debido al mal manejo que se le da a esta problemática, puesto que, es de suponer que a medida que avanza el tiempo lo hace también el desarrollo civil de un país, lo que lo hace más fuerte y menos vulnerable a los ataques de la delincuencia que siendo realistas ataca al mundo entero, la diferencia entre nosotros y países como el Salvador se basa principalmente en la manera en la cual se abordan y se manejan estas situaciones, comenzando desde el gobierno.
En Colombia hubo un periodo al que le denomino el “periodo dorado” para el país, pues es en este en el cual la seguridad y el desarrollo permitió entrever una luz de esperanza para al fin escapar de las crueles garras de los grupos armados y de la corrupción que acaban a Colombia aún hoy en día, y este periodo se comprende entre los años 2002-2010, en donde el presidente Álvaro Uribe Velez pudo por fin gobernar como se debería: con decisiones que realmente beneficien al pueblo y no a unos pocos como se ve hoy en día.
Es de conocimiento común el trabajo y el empeño que puso esta presidencia en el desarrollo del país, abriendo oportunidades hacia la comunidad internacional las cuales resultarían impensables tras un contexto tan violento como fue en el comenzó a gobernar el Presidente, el cuestionamiento apropiado sería ahora ¿Por qué Colombia no continuó avanzando hacia un desarrollo tan benéfico como lo planteaba esta presidencia? La respuesta está en nuestra cotidianidad, en la desconfianza hacia nuestras instituciones y hacia nuestra sociedad: la corrupción gobierna al país.
Si bien es cierto que durante el mandato de Álvaro Uribe se impulsó este desarrollo económico, también se fortaleció y se le dió credibilidad a la fuerza pública, los colombianos depositaban su fe en que la seguridad del país recaía en organismos públicos confiables y capacitados, que con operativos erradicaban definitivamente con los grupos al margen de la ley en el territorio y le devolvían la paz y la tranquilidad a los diferentes pueblos afectados por la violencia, sin embargo, es ahora en donde vemos una de las mayores ofensas hacia la seguridad en Colombia, la desautorización de la fuerza pública y la legitimación del crimen como medio para prosperar, desde el propio gobierno hasta los grupos armados al margen de la ley.
¿Cómo es posible que en un país democrático y constitucional se avale el crimen y se lo ponga por encima de la justicia? Todo comienza entonces desde los gobernantes, desde el momento en que se firman acuerdos con grupos armados en los cuales los únicos beneficiados son estos mismos, y aún más, se les paga por haber cometido los más atroces crímenes, mientras que las familias de las víctimas y aquellas que lograron sobrevivir sufren el yugo del desplazamiento y la obligación a vivir exiliados y a la espera de que algún día estos mismos victimarios que acabaron con sus vidas puedan recibir de la justicia lo que merecen. Pero allí donde Uribe establecía y controlaba las políticas efectivas contra el narcotráfico y la corrupción, los actores actuales y firmantes del acuerdo de paz legitiman el crimen y ridiculizan a las fuerzas armadas con argumentos falaces que dan cuenta de su desinformación.
La seguridad es resguardada por la fuerza pública, pero el gobierno, al restarle y casi anular su autoridad, le abre paso libre a los delincuentes que buscan el lucro y el beneficio a través del crimen y estas acciones afectan al pueblo, pues no existe ya legitimidad en las instituciones públicas. Y mientras el país se concentra en celebrar la reanudación de los acuerdos de “paz” con criminales o celebrar el deporte, en el Cauca miles de personas sufren nuevamente lo que en Colombia se creía extinto: El conflicto armado activo y candente que acaba con la cotidianidad.
Me permito entonces recordar que así comenzó el periodo en el cual el país se sumió en un profundo y constante miedo a ser el siguiente, a la bomba en cada esquina, a no tener la libertad de expresión consagrada como derecho humano y a ser el siguiente campesino desplazado de tu vereda pues dijiste algo que no debías, y es allí bajo este mismo miedo en donde la libertad individual y grupal se ve sesgada por el interés del criminal, que, a diferencia del gobierno de Uribe o de Bukele en el Salvador en donde le temían a la jurisdicción del gobierno y a su control sobre el país, es ahora el momento en el cual más beneficios y garantías tienen quiénes se han encargado de destruir al paris pieza por pieza, y las palabras del gobierno no garantizan ninguna solución duradera, sino que deja en claro a los colombianos que efectivamente la legitimación del crimen llega hasta la cumbre gubernamental.
Hemos retrocedido tanto como sociedad que ya no queda rastro alguno de gobiernos sustanciosos como el de Álvaro Uribe, en donde se promovía el desarrollo y evolución social como estandarte de la paz, y donde la justicia tenía cabida como estamento para juzgar al criminal, sin considerar prebendas o garantías, pues era la justicia el régimen más confiable e imparcial, nos encontramos ahora en un estado de desprotección como pueblo y de vergüenza como país, no hemos adoptado las decisiones que países antiguamente azotados por la violencia tomaron, tal es el caso del Salvador, el cual gracias a sus drásticas medidas pudo eliminar los altos índices de violencia en el país y permitió que este explotara sus cualidades en todo aspecto para convertirse en el ejemplo de superación y resiliencia gubernamental para liberar al pueblo del yugo de la violencia, tal y como refiere el mismo presidente Nayib Bukele:
“¿Por qué el enfoque está siempre en los derechos de los delincuentes y a nadie le importa los derechos de la gente honrada?”
La seguridad en Colombia debe estar enfocada en el principal afectado el cual es el pueblo y no en el victimario el cual ha destruído vidas y generaciones enteras, no es justo que el criminal se beneficie de los acuerdos manchados con corrupción mientras el campesino sufre en la pobreza, mientras nuestras regiones necesitan el desarrollo del potencial que tenemos, sin embargo, dejamos que estas problemáticas se perpetúen sin realmente hacer nada, y tras la deslegitimación de la fuerza pública y su poder, el pueblo debe defender su libertad, antes de que sea demasiado tarde.
Las fuerzas armadas de Colombia son un organismo importante en la organización del país, y su ridiculización y reubicación debajo del criminal las hace susceptibles a decisiones contraproducentes y equívocas, que son dadas por líderes autoritarios y dictatoriales que atentan en contra de los valores del país con tal de seguir los suyos propios, liderando sin sabiduría, sino con una soberbia mortal que destruye poco a poco y desde dentro la Colombia que alguna vez fue construída arduamente.